Al  llegar al aeropuerto de Mallorca para tomar nuestro vuelo de vuelta al Reino Unido tras el Euroencuentro 2003, nos informaron de que nuestra salida había sido retrasada a causa de la huelga general en Francia, que estaba afectando al control del tráfico aéreo. La huelga se había convocado para protestar ante las propuestas del gobierno de retrasar la edad de jubilación para poder percibir una pensión estatal. Hasta el momento de escribir estas líneas otras dos huelgas significativas se han producido ya en Francia.

En nuestro Euroencuentro se discutió acerca de la intención del gobierno italiano de intervenir en el aumento anual de las pensiones. Austria, por su parte, ha sufrido la huelga más multitudinaria de los últimos 60 años, también conlas pensiones por tema. En Alemania, la organización “Fundación para los Derechos de las Generaciones Futuras”, un grupo de presión en

temas de pensiones, ha lanzando voces de alarma acerca de la financiación de las pensiones.

A ninguno de los participantes de nuestra Conferencia en Alicante nos sorprenden estos datos. Eminentes conferenciantes destacaron de forma clara los problemas a que se enfrentaban los gobiernos y la gestión de las pensiones.

En el 2006, y para cumplir con la Directiva de Igualdad de Trato de la Comunidad Europea, el Reino Unido tendrá que promulgar leyes para frenar la discriminación basada en la edad. En este sentido el gobierno pretende flexibilizar ya la edad de jubilación, y muchos ven en esta acción una cortina de humo que esconde la necesidad de que los trabajadores coticen hasta los 70 años de edad para poder asegurarse una pensión completa. La jubilación antes de esta edad podría ser penalizada fiscalmente.

Todo esto ocurre con un telón de fondo en el que destaca la avidez corporativa. Los directivos de las compañías se están gratificando a sí mismos con desproporcionados aumentos en sus salarios y pensiones. En muchos casos éstos aumentos suponen recompensas por su mala gestión. A menudo, estas compañías despiden a sus trabajadores al ver cómo sus ingresoscaen en picado y sin embargo, sus directivos  siguen percibiendo nóminas de escándalo. En el peor de los casos, algunos de los trabajadores despedidos no solo han perdido su trabajo sino también una pensión para la cual han estado cotizando durante toda su vida laboral.

Se estima que alrededor de 40.000 trabajadores se encuentran en esta penosa situación. El gobierno está impulsando que la legislación contemple, en estos casos, la protección de las pensiones mediante un seguro. Sin embargo, con esta necesaria legislación se plantean dos cuestiones: en primer lugar, el nuevo texto tardará dos años en convertirse en ley y no tendrá carácter retroactivo; en segundo lugar, las previsiones destinadas a seguros no estarán financiadas por el gobierno, sino por un impuesto sobre los fondos de pensiones ocupacionales, lo que supondría aún más cierres de las empresasmencionadas. Los sindicatos que están haciendo campaña a favor de estos desafortunados trabajadores, están furiosos con los miembros del parlamento británico ya que éstos se han premiado recientemente con un mejorado paquete de pensiones.

Para entender porqué el Reino Unido ha sufrido estas carencias tan patentes, es necesario entender hasta qué punto nosotros, los pensionistas ingleses, dependemos de las pensiones garantizadas por nuestros antiguos empresarios. El instituto de política de pensiones del Reino Unido afirma que “la pensión estatal del Reino Unido es tanto la menos generosa como la más complicada del mundo empresarial”.

Y añade: “con estos acuerdos, los trabajadores se deberán enfrentar a unos ingresos por jubilación inaceptables desde el punto de vista social”. Este fenómeno se debe a que las pensiones estatales han sido complementadas en su mayoría por pensiones ocupacionales. Incluso en el caso de que se mantenga el plan ocupacional, los trabajadores van cambiándose en su gran mayoría de un beneficio garantizado o definido a la lotería de la contribución definida. En otras palabras, en vez de que sea el empresario quien corra el riesgo, éste se traspasa al empleado. Además, la mayoría de los empleados están aprovechando esta oportunidad para educir sus contribuciones a tales planes de  supervivencia.

El nuevo gobierno laborista no cree en el estado del bienestar universal y la mayor parte de las prestaciones estatales pasan por una revisión de los ingresos percibidos. En parte, el problema se debe a que resulta tan complicado reclamar estas prestaciones, que muchas personas mayores que podrían percibirlas no las solicitan. Este hecho hace que el gobierno se ahorre estas cantidades a la vez que expone a muchas personas a la pobreza. Y por si fuera poco, los trabajadores que cotizan para una pensión privada tienen poca fe en los proveedores de pensiones debido a la mala gestión de los fondos que hacen estas entidades financieras. Por primera vez empezamos a escuchar comentarios acerca de que los “actuales pensionistas deben compartir su sufrimiento”. Algunos gobiernos del continente europeo intentan influir en los pagos a los pensionistas. Con el impacto de la caída de las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida, algunos vislumbran una división social ente jóvenes y viejos.

Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano, en su cargo de presidente de la Unión Europea, ha anunciado su intención de hacer de la reforma de las pensiones una prioridad. El trabajo realizado por José Lidón para nuestra Agrupación Europea “Protección Social para las Personas Mayores en Europa” muestra que los fondos de pensiones en los estados que forman parte de nuestra Agrupación varían enormemente. Sería, por tanto, imposible proponer una solución basada en una “talla única”. En todo caso, no cabe duda de que las iniciativas europeas para tratar la crisis de las pensiones tendrán repercusión en todos nuestros países. No creo que podamos confiar en que los sindicatos protejan nuestras pensiones. El grueso de sus miembros no están jubilados y se enfrentarán a un futuro sombrío cuando les llegue el momento. Por este motivo creo que el aspecto político de nuestra Agrupación Europea es esencial. Nuestra afiliación a AGE debe ser un paso en la dirección correcta. Cuanto más numeroso sea el grupo de presión para las pensiones mayor será la repercusión en Europa. En el ámbito de las naciones individualmente consideradas, estamos destinados a ver una creciente indignación y actitud de oposición. En el Reino Unido comprobamos la escalada del partido político para los mayores “Grey Power” (Poder Gris). Por vez primera vemos a pensionistas que tan solo percibían el 1,7% del incremento de las pensiones negándose a pagar un aumento de los impuestos de un 20%.

Creo que la contribución que nuestra Agrupación puede aportar consiste en dar a conocer los distintos planes de pensiones de cada país. Incluso si nosotros, como pensionistas individuales, escapamos de lo peor de la crisis, estoy convencido de que tenemos el deber de ayudar alos que lleguen en el futuro. Al gobierno del Reino Unido le gusta hablar de “políticas unificadas”. Al mis mo tiempo, ha obligado a los estudiantes a solicitar créditos para el estudio para financiarse la educación universitaria. Muchos acabaran sus estudios a tiempo completo y con suerte encontrarán un trabajo. Con un crédito para el estudio por pagar deberán comprar su primera vivienda. Sólo ellos pueden pensar en el futuro de sus pensiones. Cuando se den cuenta de que los presupuestos del estado pueden haberse marchitado para cuando se jubilen, podrán preguntarse con razón para qué están pagando nuestras pensiones. La perspectiva de cooperación intergeneracional no es buena. Al menos, las pensiones figuran en la primera ínea de las agendas de la mayoría de los  países europeos. Debemos participar en este

debate.

Barry Ingham (Liverpool)

Presidente de TSB Retired Staff Association.

Región de Manchester