LOS temas enunciados en el título han pasado a convertirse en constante objeto de discusión en los artículos de temas económicos de la prensa europea. Esto, que ha sido definido como el reto por excelencia de la necesidad de afrontar el envejecimiento de la población, ha conseguido catalizar ya toda la atención del sistema político-económico. No obstante, se requiere con urgencia la intervención de los diversos gobiernos para disminuir la incidencia de los gastos en pensiones y sanidad en los balances de los Estados.

Para ilustrar esta necesidad se pueden citar las proyecciones estadísticas relativas al aumento de la expectativa de vida unido al bajo índice de natalidad; de hecho, se calcula que la relación porcentual entre la población mayor de 65 años y la población con edades comprendidas entre 15 y 64 años, previsiblemente pasará del 25% en el 2000 al 36% en el 2025 y superará el 50% en el 2050.

En este contexto, tanto el actual sistema de protección social como el sistema sanitario se hallan en una situación delicada, ya que el envejecimiento de la población conlleva un aumento del gasto médico.

A partir de estas consideraciones surge la necesidad de introducir reformas de largo alcance que comprendan, incluso, el aumento de la edad de jubilación, la introducción de la seguridad social privada con una reducción relativa de la cuantía de las pensiones públicas, mientras que en el sector sanitario se debe redistribuir el peso entre el sector público, que asumiría los servicios esenciales, y el sector privado, que asumiría el resto.

Estas medidas, que podrían provocar un impacto psicológico considerable, deben ser minimizadas y asumidas mediante una reducción de impuestos y la promoción del crecimiento económico y el empleo.

La Unión Europea está dedicada de manera activa a la búsqueda de soluciones que den respuesta al desafío del envejecimiento; para ello, la Unión Europea se basa en el artículo 2 del Tratado CEE según el cual corresponde a la Unión 'promover un elevado nivel de protección social'. A ello hay que añadir que la introducción de la moneda única y la necesidad de respetar el compromiso de mantener las finanzas públicas de todos los Estados 'estables y saneados' hacen que las pensiones se conviertan en un tema relevante, considerando además la incidencia de éstas en los balances de este año de algunos Estados.

Por todo ello, el Consejo Europeo ha encargado a una Comisión de alto nivel la realización de un estudio sobre la evolución de la protección social a largo plazo, con referencia a la sostenibilidad del sistema de pensiones en contextos temporales diversos. La Comisaria de Asuntos Sociales, Anna Diamatopoulou, ha presentado en el reciente Consejo Europeo de 21 de marzo los resultados del trabajo de la Comisión. El objetivo de dicho estudio es ayudar a los estados miembros a emprender las reformas necesarias para garantizar pensiones adecuadas y sostenibles a largo plazo.

El trabajo de la Comisión ha quedado articulado en once objetivos comunes y consensuados que contemplan todos los temas relativos a la protección social: prevención de la exclusión de las personas mayores permitiendo el mantenimiento de su nivel de vida, promoción de la solidaridad entre generaciones garantizando pensiones sostenibles, aumento de la tasa de empleo y ampliación de la vida laboral adaptando prestaciones y contribuciones para equilibrar los efectos económicos entre generaciones, esquemas flexibles de empleo y una mayor igualdad entre los sexos, pensiones privadas adecuadas y un sistema de pensiones totalmente transparente. Todo ello demuestra la voluntad de la Unión Europea de seguir el camino iniciado de coordinación de las diversas reformas.

Acerca de estas cuestiones, desde la Plataforma AGE se han sucedido las intervenciones para recordar y dejar claro que las personas mayores deben tener la posibilidad de que su opinión sea escuchada, así como de participar en la configuración de las políticas globales en materia de pensiones e, incluso, en la gestión de las mismas. Respecto al tema de la solidaridad intergeneracional, ha quedado claro que ésta debe ser entendida como un acuerdo tácito por el cual los trabajadores asumen el coste de las pensiones y de la asistencia de las personas mayores, con la certeza de que se beneficiarán de lo mismo cuando alcancen la edad de la jubilación; en sentido contrario, los jóvenes se benefician del sentido de responsabilidad de los mayores, de su bienestar y de sus condiciones de vida, sin olvidar que las personas mayores, más allá del hecho de haber contribuido a la sociedad y a la financiación del sistema de la seguridad social, siguen contribuyendo mediante la asistencia a personas impedidas, mediante el voluntariado social y la transmisión de su experiencia. El aumento de la esperanza de vida es una conquista social y un progreso económico. Un número creciente de personas mayores activas y con buena salud es un importante recurso para el futuro. Desgraciadamente, todavía quedan amplias capas de pobreza y de exclusión social que representan uno de los principales problemas para los Estados Miembros y los candidatos a serlo.

AGE está convencida de que sea cual sea el modelo por el que se decante la Unión Europea, éste debe garantizar que la pensión tenga un nivel acorde al bienestar económico de la sociedad y no evitar únicamente la pobreza absoluta; que crezca al mismo ritmo que lo hace el bienestar de la sociedad, no limitando este ritmo al de los precios, ya que no es suficiente, sino tomando como referencia los ingresos medios y que, llegado el momento de la jubilación, se garantice un equilibrio entre pensión y retribución. En consecuencia, es necesario garantizar el acceso a sistemas de pensiones y de ahorro en los cuales el riesgo total no recaiga sobre el individuo, asegurando las pensiones mediante una gestión transparente y una reglamentación válida. De la misma manera que es necesario igualar los derechos de las mujeres pensionistas, permitir y animar a las personas mayores a prolongar su vida activa.

Todo cuanto antecede, basado en numerosos documentos publicados sobre la materia, demuestra, simplemente, el interés de la política y de la economía en el tema de las futuras pensiones. También nosotros, como Asociaciones y Federaciones, estamos interesados en el futuro ya que en él se encuentran aquellos que, esperemos, seguirán nuestros pasos y nuestra obra. Por lo tanto, somos conscientes de los problemas que se presentan hoy en día y los que se presentarán mañana, pero no podemos olvidar nuestra situación actual de pensionistas, como si estuviéramos en un limbo donde nuestros derechos, aquellos que hemos conquistado, están congelados. Para nosotros, la llamada a la solidaridad intergeneracional vale solo en sentido externo. Nosotros la hemos practicado hacia nuestros antecesores en la vida laboral y debemos practicarla hacia aquellos que hoy se hallan en el mercado de trabajo. Tengo la impresión de que la postura de la Plataforma AGE no es exactamente la misma y, sin embargo, ahora más que nuca debemos unir nuestras fuerzas y dirigir nuestra actividad hacia el reconocimiento, por parte de gobiernos, políticos y sindicatos, de nuestra existencia y de la necesidad de que se respeten los acuerdos que figuraban en nuestros expedientes de jubilación.

Por tanto, creo que es nuestra obligación seguir con la máxima atención el desarrollo de los acontecimientos, para que nunca nos sorprendan fuera de juego, al tiempo que ejercemos una intensa acción de 'lobbing' en todos los ámbitos donde tengan lugar las negociaciones y comiencen a tomar cuerpo las iniciativas que tengan que ver no sólo con nuestro presente sino también con nuestro futuro de pensionistas y el de nuestras familias.

Franco Salza
Presidente Federazione Nazionale Sindacale delle Associazioni dei Pensionati del Credito