¿Cómo resolver el problema? Las soluciones varían según las ideologías. La neoliberal hoy en boga –“que cada cual se cuide de sí mismo”, o en toda su crudeza: “sálvese el que pueda”– encuentra una solución a primera vista fácil: rebajar las pensiones. De un 70% más o menos largo del último sueldo, a un 64% para el que hoy tiene 30 años; o un 65,5% para el que tiene 40. Consecuencia: la gran masa de los jubilados –las clases trabajadoras, de sueldos modestos y pensiones también modestas– quedaría reducida al nivel de la ayuda social; incluso inferior en muchos casos. Un final al margen de la dignidad humana, y de la solidaridad social, para una vida laboral gastada en beneficio, no sólo de la propia familia, sino también de la comunidad; vida, además, tanto más dura precisamente en los casos más duramente afectados por la reducción.

Contra esa 'fácil' solución se alzan no sólo los posibles interesados, sino también los municipios, sobre quienes pesa el pago de la ayuda social y que, aun sin nuevas cargas, forzados por el lápiz rojo del Ministro de Finanzas, vienen ya reduciendo día a día sus servicios a la población -muchos tan indispensables como los transportes públicos, jardines de infancia, etc. etc. La respuesta desde la ideología del 'sálvese el que pueda' es la previsible: que cada cual redondee de antemano su pensión básica con un seguro privado complementario, que cubra el vacío hasta el nivel de vida deseado. Nota: el empleador no contribuirá a la financiación de ese seguro privado.

Los que aún creen que la solidaridad social es la que nos libra de la ley de la selva –porque sin solidaridad social, bien estábamos en la selva– preguntan: ¿quién lo va a financiar, entonces? Si ha de ser sólo el empleado, quizás le trajera más cuenta que continuara el actual sistema, con cuotas todo lo altas que fuera necesario, pero claro, compartidas como hasta ahora por el empleador. Por lo menos al empleado económicamente modesto le resultaría más barato que el seguro privado, solución preferida de los mejor situados.

¡De ningún modo!, protestan los empleadores. Hay que liberar a toda costa a las empresas de los oprimentes costos adicionales. Esas 'cargas sociales', al encarecer la producción, ahogan la capacidad de competencia, disuaden a los inversores, comprometen la localización de empresas, y matan inevitablemente puestos de trabajo. No se puede negar que entre los 'costos adicionales', la contribución del empleador al seguro de pensión es probablemente el más importante. Incluso los sindicatos están de acuerdo en que, si se quiere combatir el paro, hay que reducir los costos de producción -entre ellos, los 'adicionales'.

Escapatoria –más intervencionista que neoliberal–: aportación de hasta un 4% por parte del Estado a la cuota del seguro privado financiado sólo por el empleado y, por el momento, voluntario aún.

Al margen de todo ese pandemónium –tres cuartos neoliberal y un cuarto nada más que socialmente bien intencionado–, las pensiones de los actualmente jubilados, y de los que hoy tienen 55 años, se mantendrán en las actuales cuantías; y desde el año 2002, aumentarán proporcionalmente a la evolución de los sueldos netos. ¿Se salvarán del diluvio también nuestros hijos?

Eduardo Espert