Agrupación Europea de Pensionistas de Cajas de Ahorros y Entidades Financieras

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Índice de Documentos > Boletín Euroencuentros > Número 15



El abuso económico, aunque no se le presta atención, es más frecuente de lo que nos podemos imaginar:  es como el maltrato financiero, explotación o abuso fiduciario, económico o material” (Hafemeister, 2003), es también “la utilización no autorizada e inapropiada de los fondos, propiedades u otros recursos de una persona mayor” (Stein 1991). Muchas veces el agresor es familiar o cuidador del mayor, dispone de su dinero sin su consentimiento, le obliga a modificar el testamento o cambiar de nombre la vivienda. Las personas de edad y más particularmente los más pobres son los más vulnerables, las más expuestas a este tipo de discriminación.

 

La Agrupación Europea, en relación con la Discriminación Económica de los Mayores, plantea las propuestas siguientes:

  • Que el legislador vele para  que las leyes y los reglamentos garanticen la independencia económica de las personas de edad.

  • Que se legisle la ley de protección económica de las personas de edad y que contemple la figura del defensor del mayor

  • Que se ponga en marcha un contrato alimenticio vitalicio para los más desheredados   de manera que puedan tener una  renta vitalicia de subsistencia 

  • Que las pensiones de los jubilados  y pensionistas sean revalorizadas de tal forma que su nivel de poder adquisitivo sea preservado

  • Que los recursos destinados a las pensiones no sean utilizados para otros fines.

·         Que se elimine la discriminación por  edad  para la obtención de un empleo

·         Que la formación continua y la promoción no sean afectadas por la discriminación por  edad

  • Que la falta de medios económicos de las personas mayores no impida o limite el acceso a las nuevas tecnologías y a la formación

  • Que el acceso a los créditos no se le limite a las personas mayores        

·         Que las personas mayores accedan a los seguros sin tener en cuenta su edad y que las tarifas no sean prohibitivas

·         Que no exista discriminación para el alquiler de viviendas a las personas mayores