Por tradición, la mayoría de jubilados del Reino Unido hemos gozado de buenas pensiones. A pesar de que las pensiones estatales eran de las peores de Europa, éstas se han podido apuntalar gracias al sistema de pensiones complementarias más sofisticado de Europa (aquellas que paga el empleador). La cuantía de la pensión estatal se referenciaba y actualizaba anualmente según el incremento del coste de la vida, la cual se medía por el incremento medio de los ingresos del trabajador.
La Primera Ministra Margaret Tatcher decidió eliminar este sistema de referencia y optó por establecerlo acorde con el crecimiento del IPC del país. Este índice se basa en una cesta de bienes y mide la fluctuación de precios de los mismos. Para los jubilados, este cambio ha supuesto dos problemas: en primer lugar, los ingresos medios del trabajador siempre exceden el IPC, y el IPC no refleja el patrón de gastos del jubilado. Esto es, que el IPC incluye bienes que el jubilado no suele consumir. El aumento exorbitado del combustible y los alimentos han supuesto un impacto negativo para los jubilados. Muchos de los que tienen las pensiones más bajas han tenido que elegir entre comida o calefacción. Sin embrago, el Partido Laborista afirmó que si salía electo restauraría el antiguo sistema de referencia basado en los ingresos del trabajador, pero finalmente nunca lo llevó a cabo. En su lugar, optó por hacer una evaluación de los haberes. Esta medida estaba enfocada a aquéllos con las pensiones más bajas y, aunque se hizo con buena intención, por desgracia nunca ha funcionado. El número de jubilados que cumplen los requisitos es escasísimo. Muchos jubilados no saben que pueden obtener beneficios extras. Otros encuentran muy complicado el trámite de solicitud y otros consideran que “vestir su pobreza con trajes de lujo” es humillante. Lo ven como un acto de caridad y suelen decir “nunca he aceptado limosnas y no lo voy a hacer ahora”. Los costes administrativos de estas medidas son muy altos. La Convención Nacional de Jubilados (NPC) aboga por pagos a nivel general, sin distinciones. Lo que se argumenta en contra de esta opción es que algunos de los jubilados más pudientes también recibirían los ingresos, pero también es cierto que los pensionistas más pobres se beneficiarían de la medida y otros podrían obtenerlo en forma de bajada de impuestos. Yo opto por esta última opción. El Gobierno se ha topado con la evidencia de que el número de personas mayores que mueren por causas relativas al frío es mucho mayor que el de países con inviernos mucho más crudos. El año pasado unas 75.000 personas mayores de 75 fueron víctimas del frío, y la solución es dar a todos ayudas para pasar el invierno. Esta medida tan solo acaricia la solución del problema. La Convención Nacional de Jubilados pide ayudas para aquellos pensionistas que están en el umbral de la pobreza. ¿Por qué el Gobierno no puede aceptar nuestras peticiones? Los fondos de la Seguridad Social, a la que los jubilados contribuyeron mientras trabajaban, tienen un superávit increíble. Actualmente, este superávit asciende a 46.000 millones de libras esterlinas, y en los próximos cuatro años llegará a los 68.000 millones. Este fondo se creó para pagar las pensiones estatales. Sorprendentemente, el Gobierno afirma que esta ingente cantidad de dinero no se puede usar para subir las pensiones porque ya ha sido destinado a otros fines. Y más sorprendente aún es que digan que si las peticiones de los jubilados se cumplieran, los impuestos tendrían que subir y por lo tanto “ya no les votarían”. Sólo un político podría responder de esta manera. Sí, el Gobierno podría asumir nuestras peticiones, pero no lo hará. Algo de lo que puedan arrepentirse sucederá en las próximas elecciones generales, cuando 12 millones de jubilados tengan más interés en votar que la gente más joven. En 2003, el entonces miembro de la Cámara de los Lores y hoy Primer Ministro Gordon Brown añadió otra complicación al problema. Introdujo un nuevo índice de coste de la vida al que se llamó Índice de Precios al Consumidor. El Gobierno favoreció este nuevo índice ya que producía unos gastos menores que el conocido IPC. Algunos pueden considerarlo injusto debido a que este índice no considera el coste de la vivienda y, para mejorar las cosas, ahora tenemos la restricción de créditos. Como sabrán, muchos bancos del Reino Unido han quebrado y han sido nacionalizados, y esto no ha hecho más que empeorar la situación de nuestros jubilados. Aunque no hay una explícita discriminación a los pensionistas, este hecho les perjudica más directamente. Muchos jubilados han dedicado sus vidas en tener una cómoda jubilación, y ahora ven cómo sus acciones han caído y los anticipos ya no son posibles. El Gobierno trata de ayudar económicamente con los préstamos hipotecarios para la compra de viviendas, y para lo cual el Banco de Inglaterra ha recortado drásticamente los intereses de los préstamos. El efecto es que el ahorro que se refleja de esta acción es muy escaso y es muy probable que se reduzca a cero. No sólo afecta a los que reciben una pensión; también es oscuro para los que están trabajando. Cuando Gordon Brown era Ministro de Hacienda los fondos de pensiones tenían un superávit enorme. Decidió eliminar 5.000 millones de libras cada año, lo cual hasta hoy habrán sido 100.000 millones de libras. Los grandes empresarios se percataron de la situación y dejaron de aportar dinero a sus planes de pensiones, conocidos como pensiones vacacionales. Parece ser que ni el Sr. Brown ni los empresarios se percataron de que las acciones pueden bajar al igual que subir. Muchos de estos planes de pensiones salieron airosas por el hecho de haberse basado en el sueldo final y el período cotizado, habiéndose blindado contra la inflación y siendo éste un riesgo asumido por el empresario. La gran mayoría de estos planes han sido reemplazados por regímenes de cotización definida, más conocidos como planes de adquisiciones. En ellos el riesgo lo asume el jubilado, ya que el beneficio obtenible de las pensiones depende de la cuantía cotizada en el momento de la jubilación y, por lo tanto es un dato desconocido. Datos recientes de Industria muestran que el 90% de los planes de prestación definida se enfrentan a una financiación a corto plazo de 204.000 millones de libras en comparación con los 48 millones de hace un año. Otro tema que presenta problemas es la diferencia entre las provisiones públicas y privadas. En el sector público los empleados pueden jubilarse antes que aquéllos del sector privado y además obtienen su pensión basándose en su sueldo final, lo cual no se da en el sector privado. Desde mi punto de vista no es correcto que para disfrutar de la jubilación, hablando en términos económicos, se tenga en cuenta si se ha sido un funcionario o si se ha trabajado en el sector privado. Y con esto concluiremos. El año pasado, nuestro ponente invitado Gören Collert llegó a la conclusión de que los futuros jubilados necesitarán trabajar durante más tiempo y ahorrar más dinero para poder jubilarse. Esta afirmación fue recibida con cierta hostilidad, especialmente por parte de la delegación francesa. Aunque a regañadientes, tengo que estar de acuerdo con el punto de vista del Sr. Collert, y temo que si no se equivoca, significará que el Gobierno Británico ha perdido el norte. La comprobación de haberes es una manera de no fomentar el ahorro. Según la Ley sobre la Discriminación por Edad, un empleado puede solicitar permiso a su empleador para que le permita seguir trabajando después de haber cumplido la edad de jubilarse. El empleador puede rechazar tal petición. Creo que en lugar de limitarnos a intercambiar informaciones relativas a nuestros países de origen deberíamos estar debatiendo las cuestiones surgidas a raíz del provocador discurso del Sr. Collert. Esto podría contribuir a aportar posibles soluciones incluso a nivel parlamentario. Y es que no nos hicimos ningún favor el año pasado y ahora es el momento en que podemos rectificar.
