ESTABILIDAD-EQUIDAD DEL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES

EL sistema de pensiones en Italia es muy complejo y está muy articulado. A lo largo de la historia ha sido objeto de varias reformas y correcciones para intentar satis­facer las exigencias, tanto de los actores sociales como de los trabajadores, en un contexto de economía de mercado que no siempre ha sido favorable.

Actualmente nos encontramos en una fase de transición del método retributivo al contributivo, y en un intenso debate entre la parte social y la política.

Según las declaraciones de algunos ministros, la reforma del sistema de pensio­nes implicaría:

1. El aumento de las pensiones mínimas.

2. La disminución del escalón Maroni (aumento de la edad de jubilación antici­pada a los 60 años en vez de a los 57).

3. La revisión de los coefi­cientes para el cálculo de las pensiones futuras.

Se trata de medidas bastante heterogéneas y su combinación en un único paquete puede, ade­más de aumentar la confusión y con ella el desconcierto de los italianos en una materia ya de por sí compleja, también arrojar más sombras sobre el futuro ajuste del sistema, alejándose del verdadero objetivo de esta reforma.

De las tres medidas, la primera es de carácter claramente asistencial y por tanto no debería incluirse en los procedimientos de reforma del sistema de pensiones, sino en la transferencia de las rentas destinadas a la solidaridad y financiadas por la fisca­lidad general. En realidad no tiene sentido cargar el aumento de las pensiones míni­mas a la contribución social, un impuesto que graba únicamente al trabajo.

La elección se enmarca plenamente en un acto de discrecionalidad política, ya que plantea utilizar los ingresos fiscales a favor de grupos considerados desfavorecidos y está claro que los perceptores de pensiones mínimas se encuentran entre ellos.

La segunda medida afecta a las pen­siones de vejez y al sistema de seguridad social, pero es de carácter transitorio ya que dichas pensiones están condenadas a la desaparición con la entrada en vigor del método contributivo (aunque falten bastan­tes años).

La disminución del escalón Maroni (por ejemplo de los 60 a los 58/59 años), ade­más de provocar, con respecto al estatus quo, un aumento del gasto en pensiones que habría que financiar a través de una redistribución de los recursos, no parece adecuada desde el punto de vista de la re­distribución, porque beneficia a los grupos de edad ya favorecidos por que no fueron objeto de la reforma del 95; para ellos, de hecho, las pensiones se siguen calculando con la generosa (y a menudo no igualita­ria) fórmula retributiva, a cargo de las ge­neraciones más jóvenes.

Esta medida representa el eje funda­mental del paquete de reformas, ya que de él depende la supervivencia del método contributivo. No se puede pretender estar a favor del método y en contra de la revisión de los coeficientes: las dos posiciones son incompatibles.

Por otra parte, no tiene carácter redis­tributivo; al contrario, contribuye a colocar al sistema de protección social en su lugar, es decir, seguro de la renta de las personas mayores.

Esto significa que, por término medio, cada generación debería estar en disposición de 'pagarse' sus propias pensiones.

Obviamente, en alguna generación ha­brá personas con dificultades para finan­ciar con su propia cotización una pensión adecuada.

En estos casos, la intervención del Esta­do puede tomar la forma de una asistencia a posteriori, o de ayuda a priori, a la co­bertura con seguros en los periodos de inte­rrupción de la actividad laboral, como su­cedió con los créditos contributivos en mo­mentos de desempleo o de excedencia pa­ra ocuparse de hijos o ascendentes.

La segunda solución es ampliamente mejor que la primera, porque es más igua­litaria y transparente y reduce la discrecio­nalidad que a menudo caracteriza el ajus­te político a posteriori.

Y precisamente el método contributivo, correctamente aplicado, permite efectuar la retribución de pensiones sostenibles sin de­traer los elementos de solidaridad.

Pero cabe preguntarse: ¿los po­líticos y los actores sociales tienen en realidad ese objetivo?

La revisión de los coeficientes se presen­ta como “recorte de las pensiones” pero en realidad conllevaría, de media, un regalo de más de dos años de pensión para las generaciones afectadas, igual al aumento registrado en la edad de jubilación desde la fecha del primer establecimiento de coe­ficientes en 1995.

Y ya que en economía no existen los regalos, se trataría de una transferencia indiscriminada de riqueza en favor de di­chas generaciones.

La oposición a la revisión de los coefi­cientes está basada en un afán por ayudar a los jóvenes, que recibirán unas pensiones contribu­tivas menos generosas. Digamos que, aunque penalizados en el ámbito laboral, recibirán “ayu­da” en materia de pen­siones.

Pero la verdadera ayuda a las generaciones más jóvenes consiste en mejorar el empleo y no la asistencia a las pensio­nes. Por otra parte, este regalo hecho a los jóve­nes en general y no sólo a los más desfa­vorecidos no es equitativo, porque se podrán aprovechar de él tanto los que hayan tenido un buen recorrido profesio­nal (quizá después de un periodo inicial discontinuo) como los que hayan tenido una vida laboral menos afortunada; y todo a cargo de generaciones que aún no han nacido o de alguien que podría ser más pobre que el propio beneficiario.

De esta forma, nos encontraríamos de nuevo ante un caso de “redistribu­ción mal aplicada”, decidida arbitra­riamente por la política y fuente de privilegios en vez de asistencia, lo que se había intentado eliminar o contener con el método contributivo.

El método contributivo es transpa­rente, reduce fuertemente la discrecio­nalidad en la determinación de las pensiones y por tanto priva de argumentos y poder de negociación a la parte social y a la política.

Bruno Cecere
(Italia)