SISTEMA DE PROTECCIÓN.

Examen político de la situación italiana

Introducción

El aumento de la esperanza de vida y la mejora de la salud de las personas mayores son grandes éxitos del reciente desarrollo económico y social de Europa. El debate sobre el envejeci­miento de las sociedades europeas se ha basa­do hasta ahora casi exclusivamente en el aumen­to del gasto destinado a las pensiones, la depen­dencia de los mayores, etc. sin abordar los cam­bios cualitativos que se deben realizar en las es­tructuras económicas, sociales y políticas. Los de­bates “cuantitativos” también son importantes pero, demasiado a menudo, dan una falsa ima­gen de los mayores, a los que se presenta como un lastre para la sociedad y a los que no se reco­noce su importante contribución al sistema de la seguridad social y la ayuda que ofrecen a los más jóvenes a través de sus rentas y de su tiem­po. Desde este punto de vista, basado en el aspecto intergeneracional, la adecuación de las pensiones no sólo resulta importante para los mayores sino también para el conjunto de la so­ciedad.

Por tanto, el “Método Abierto de Coordina­ción” debe, en vez de ser un simple ejercicio interguerna­mental, conver­tirse en un pro­ceso más demo­crático en el que participen de forma activa las partes interesa­das como lo son las organizacio­nes de mayores y jubilados.

Somos los primeros en sos­tener que es necesario llevar a cabo una seria reforma del sistema de protec­ción en Italia. No obstante, hasta que no nos atrevamos a contemplar de forma responsable unas medidas adecuadas que tengan en cuenta la mayor esperanza de vida y el estancamiento demográfico, todos los proyectos estarán conde­nados al fracaso, entre los tímidos intentos de chantaje de grupos de presión de todo tipo, y con ellos todos los planes para “promover un elevado nivel de protección civil”.

Política del Bienestar

En Italia, la situación relativa a las políticas del bienestar todavía está en fase de estudio y de cambio. Un factor que influye en esta situación es el cambio radical del gobierno salido de las últimas elecciones. De hecho, las diferencias exis­tentes en la actual mayoría provocan que el pro­ceso de reforma, ya aprobado por el gobierno anterior, esté siendo objeto de nuevas revisiones y se deba someter a una nueva negociación con las partes sociales que ya debería haberse pro­ducido antes de la primavera de este año.

Esta negociación debería referirse principal­mente al sistema de pensiones, motivo de preocu­pación de muchos sectores de jubilados a causa de las imprudentes noticias publicadas en algunos periódicos sobre la homogeneización y abolición de los llamados 'privilegios injustificados'.

Por otra parte, el sector de la asistencia tam­bién está en movimiento y también engloba el tema de la discriminación. Por tanto, nos encon­tramos en una situación en suspenso que no nos permite expresar con exactitud el estado del asunto. Las asociaciones de jubilados, de cual­quier categoría, se quejan sobre todo de la esca­sa atención que los organismos políticos prestan a estos asuntos y de que las organizaciones sin­dicales se niegan a colaborar al no reconocer nuestra actividad y valor de representación.

Fondos de pensiones, ¿qué puede significar la armonización?

La reorganización del sistema de protección es uno de los 12 puntos del documento por el que el Gobierno ha obtenido el visto bueno de todos los líderes de la Unión. Hay previstas tres directrices: aumento de la edad de jubilación y actualización de los coeficientes de reevalua­ción, eliminación del escalón y fusión de todas las entidades de prevención en el INPS.

Dicho así, parece que esta nueva reforma no afecte a los que ya están jubilados. En realidad, como ya se ha propuesto, junto con el estudio para una armonización 'ex post' para los anti­guos fondos de protección englobados en los últimos años en el Fondo Laboral empleados INPS, entre los cuales se encuentran también los Fondos de las Entidades Públicas Crediticias, que ahora son objeto de una gestión especial, se lle­garía a la creación de un Fondo INPS en 2010. Además, para estos Fondos, el gobierno podría pedir una ligera reducción de la prestación so­cial con fines solidarios.

Por otra parte, no debemos olvidar que según algunas disposiciones legales concretas, todos los Fondos existentes deberán, antes del 31 de diciembre de 2007, adecuarse a las nor­mas dictadas por la reforma Amato a través de decretos. Estos fondos ya están sometidos a un proceso continuo de equilibrado que no permite que las pensiones se adecúen por completo a la dinámica de los precios. Tanto es así que la pro­longación de la subdivisión en franjas de pen­siones tiene por efecto un equilibrado que se reduce del 100% al 90% y al 75% y conlleva una constante disminución del poder adquisitivo. Algunos cálculos indican una disminución consi­derable del poder adquisitivo en 10 años.

Pero no es el único problema al que nos tene­mos que enfrentar, también tenemos la posición asumida por las entidades bancarias con res­pecto a sus Fondos complementarios. A este res­pecto, la situación se ha ido agravando como consecuencia de las fusiones, incorporaciones, etc., que han provocado la constitución de los nuevos organismos bancarios.

Es natural que estas nuevas empresas tien­dan a racionalizar los distintos tipos de sistemas de protección propios que han heredado pero quizá sea menos natural que tiendan a eliminar­los utilizando el sistema de la “aportación indivi­dual”. Se trata, en este caso de una visión por parte de la empresa un poco distinta de una pro­blemática social como es la protección.

En el pasado, la empresa se adhirió a la constitución de los Fondos y firmó acuerdos con las organizaciones sindicales con las que, en muchas ocasiones, asumió una responsabilidad directa, incluso mediante garantías de cumpli­miento de las prestaciones. Hoy, parece que este compromiso ya no cuenta con su visto bueno, la tendencia actual consiste en dirigir, mediante el sistema de las “aportaciones individuales” pre­cisamente, a los inscritos en el fondo que toda­vía están en servicio a nuevas formas de protec­ción basadas en los Fondos de capitalización personal completamente separados de cual­quier tipo de relación con la dinámica salarial y a la de los precios relacionados y sólo a la ren­tabilidad de la gestión del mismo Fondo. En lo referente a los jubilados inscritos, la 'aportación individual' se calcula según las tablas de super­vivencia y por tanto la suma resultante es inver­samente proporcional a la edad del jubilado. Es cierto que no se puede obligar a nadie a parti­cipar en estos planes, pero en realidad se mer­ma la potencialidad económica de los Fondos y por tanto y en igual medida, la certeza de la galanía del desembolso, hecho avalado tam­bién por la actitud de las empresas con respec­to a su responsabilidad.

Se trata por tanto de reflexionar sobre la fun­ción social de las empresas en relación con sus propios empleados, de no considerar los com­promisos de este tipo como independientes del desarrollo empresarial ni como generadores de costes en lugar de beneficios y por tanto desvia­dos a gestión de carácter asegurador del Grupo que, en ese caso, podrían generar beneficios al sistema.

El objetivo de esta breve exposición, es de­mostrar el verdadero significado de la palabra “armonización” en el sentido de la política apli­cada al problema de la protección. Ya hace tiempo que todas las partes implicadas empeza­ron a acusar al sistema y a cuestionarse su sos­tenibilidad. Nosotros, por nuestra parte, no afir­mamos que no existan problemas a este respec­to, pero dichos problemas no son sólo responsa­bilidad de los que durante años han trabajado y han contribuido en beneficio del sistema vigente en su momento ni de los que ya estaban jubilados (solidaridad intergeneracional). Hoy en día no se puede privar a los jubilados de los derechos adquiridos, no se puede hablar de “privilegios injustificados” sino que se debe llevar a cabo una reforma que garantice a los actuales traba­jadores una exis­tencia tranquila en su jubilación, no se puede crear de repente un retroceso del estilo de vida, es necesario reali­zar una gestión consciente de los nuevos instru­mentos de pro­tección de forma que no se pro­duzcan desequi­librios como ya

ha pasado en otros países.

Los costes de esta nueva visión de la protec­ción son, naturalmente, mayores que en el pasado ya que a la forma obligatoria, que mantiene sus ingresos disminuyendo la prestación, se debe añadir la protección complemen­taria a través de los fondos de las empresas o de categoría y la protección individual. Todo esto debe ir unido, en cualquier caso, a una forma de certitud sobre el resultado para no desnaturalizar su tarea.

Franco Salza