En nuestros dos últimos congresos se debatió acerca del concepto de una 'sociedad para todas las edades', proponiendo demandas bien definidas tendentes a la obtención para las personas mayores del pleno reconocimiento de sus derechos, con una activa participación en la vida social y, a través de sus representantes, con una voz decisiva en el conjunto de la sociedad y en los organismos donde se trata la problemática de las personas mayores y, por tanto, de los pensionistas. Problemática ésta que abarca un amplio ámbito: desde la seguridad social, la sanidad, las cuestiones fiscales y la asistencia hasta la política social. Las conclusiones, posteriormente, y al menos en lo que respecta al Congreso de 1999, se remitieron al representante español en la UNESCO con el fin de que fueran transmitidas a la sede de la Organización en París. Ahora es cuando cristaliza una circunstancia muy interesante: la de llevar a cabo por nuestra parte un trabajo de lobby tal como ya anunció el Señor Vauriot en sus conclusiones del Congreso 2000. El Consejo Europeo en las reuniones de los días 3 y 4 de junio de 1999, en Colonia, advirtió la necesidad de elaborar una 'Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea'. En realidad, en la Unión ya existe la 'Convención para la Defensa de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales' del 4 de noviembre de 1950, que por otra parte se ha convertido en ley en algunos países.
Franco Salza
La elaboración de la nueva Carta, a través de una comisión de 62 miembros presidida por el Señor Roman Herzog (15 representantes personales de los estados miembros; 30 diputados nacionales; 16 diputados europeos; un experto de la Comisión de Bruselas; el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y el Consejo de Europa participan como observadores), tiene como objetivo redactar los derechos y deberes de todo ciudadano con las miras puestas en acercarlos a la construcción europea.
El trabajo se organiza en tres grupos: el primero se encarga del conjunto de derechos tradicionales de libertad e igualdad y de su articulación en la Convención Europea de los Derechos Humanos, las competencias de la Unión y las de los estados miembros. El segundo trata los derechos civiles y políticos y, por último, el tercero los derechos económicos y sociales, como los ya enunciados en la 'Carta Social Europea' (firmada en 1961 y todavía sin ratificar por todos los estados miembros), y en la 'Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores' (firmada en 1989 por todos los estados miembros a excepción de Gran Bretaña). Ambas Cartas constituyen no obstante solemnes declaraciones que no entrañan ninguna obligación.
En este último caso, algunos países nórdicos y los representantes de Gran Bretaña se oponen a la amplitud de dichos derechos; los representantes alemanes, por su parte, tampoco la ven con buenos ojos, alegando que éstos ya están más o menos asegurados por la Ley Fundamental de 1949 y por la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Karlsruhe. Es necesario, sin embargo, tener en cuenta que lo social es el pariente pobre de la construcción europea. El principal problema reside en el valor jurídico del documento final necesario para obtener su aplicación en toda la Unión. De hecho, cuanto más incisivo, fuerte, conciso y comprensible sea el texto, más pertinente será la cuestión de su valor jurídico y de su inserción en los tratados.
Hoy en día, y por lo que conocemos del texto actualmente a debate, emerge una idea extremadamente reductora del concepto de ciudadanía y de su papel en las instituciones de la Unión, ya que parece entenderse por 'ciudadanos' sujetos concretos con capacidad para participar en redes, asociaciones, movimientos reivindicativos y otros. Únicamente se reconoce un rol preciso a los partidos y a los sindicatos, mientras que, respecto de los ciudadanos, tan sólo se dice que tienen el derecho a la libre asociación. Ahora bien, también se diría que semejante perspectiva parece no interesar a la Unión. A partir del texto de la Carta, donde no aparece el derecho de 'asociarse para la salvaguarda de los propios intereses' no es difícil entrever la tentación de relegar a los ciudadanos a un rol de sujetos pasivos, meros beneficiarios de las actuaciones de otros. En pocas palabras, la única vía prevista para la participación de los ciudadanos en la vida de la Unión es la elección del Parlamento Europeo.
Sería conveniente que la Carta de los Derechos Fundamentales fuera la articulación de una Unión constitucional y no de una comunidad de tratados. La fase actual de desarrollo de la Unión Europea se sitúa mucho más allá de una lógica económica y, por tanto, la Unión Europea ganaría legitimidad y aceptación dotándose de un instrumento de organización de base: la elaboración de una Constitución Europea en el marco de la unión económica debería ser el fruto de la Unión política. En relación a cuanto antecede, la Federación Italiana de los Pensionistas de Banca tiene previsto enviar al Comité Económico y Social de la Unión Europea del Consejo de Europa en Bruselas, al Centro de información de la Convención para la defensa de los Derechos Humanos de Estrasburgo, a la representación en Italia del Consejo de Europa, a otras asociaciones italianas con las que está en contacto, a representantes políticos y al Honorable Profesor Filippo de Jorio (miembro del Comité Económico Social de la Unión Europea y redactor del proyecto de la 'Carta de los Derechos Fundamentales del Ciudadano Pensionista en la Europa Social'), las resoluciones aprobadas en los congresos de 1999 y 2000 del Grupo Europeo, los estatutos y los programas de la Federación italiana y de nuestra Agrupación Europea, así como el proyecto de la 'Carta de los derechos fundamentales del pensionista en la Europa social', con la firme petición de añadir en la nueva 'Carta' en estudio, nuestro derecho a existir, a ser escuchados, y a tener un peso determinante en las decisiones que nos conciernen.
Termino con una invitación a todos los colegas y a todas las asociaciones que operan en la Unión Europea, unidas en nuestra Agrupación Europea, para que inicien y mantengan relaciones con otras organizaciones de diversa naturaleza, incluso sindicales; para que hagan acopio de fuerza con el objetivo de formar una sólida plataforma por encima de cualquier división política, recordando que sólo uniéndonos seremos capaces de consolidarnos; que sólo vigilando atentamente el devenir inmediato se materializará la posibilidad de hacer oír nuestras voces y nuestras demandas; solicitando así mismo la atención de los organismos y de los políticos nacionales y europeos al abordar los acuerdos asumidos en nuestros Congresos. Recordemos todos que la Carta objeto de nuestro debate debería estar concluida para la cita de diciembre del Consejo de Europa en Niza.
Associazione Pensionati BANCA CRT Torino;
Presidente Federazione Italiana Pensionati Bancari
