Señoras y señores:
El tema que se nos propone este año en el marco de los Euroencuentros es muy amplio. Gira en torno al empleo, al mercado de trabajo, y por consiguiente, en torno a la noción de crisis, que perturba en mayor o menor medida la economía de los Estados que componen la Unión Europea.
La primera consecuencia de esta crisis económica es la alta tasa de desempleo que afecta a la vez a los jóvenes y a las personas mayores. Con respecto a la tasa de desempleo, la reglamentación en materia de protección social y/o de jubilación, propia de cada uno de los Estados miembros puede acentuar o, por el contrario, aunque sea menos común, atenuar la precariedad de las situaciones, llegando a la exclusión social en algunos casos. En el último caso la población más afectada son las familias monoparentales y las personas mayores.
La Unión Europea definió en 2010 el Objetivo Europa 2020, del que hablaremos hoy en la presente ponencia. Así pues, este año se encuentra en la mitad del camino de su realización. Los principales terrenos en los que se debe trabajar para alcanzar el objetivo 2020 son el empleo, la educación, la investigación – innovación, energía y clima, y, finalmente, inclusión social. Evidentemente, este último tema, que va unido al del empleo, será el que nos ocupe hoy.
El término «inclusion sociale» (inclusión social) es muy poco común en la lengua francesa, que prefiere su antónimo, a saber: «l'exclusion sociale» (la exclusión social). Si me lo permiten, les propongo algunas cifras relativas al empleo y a la exclusión social en Europa: En 2014, había 27 millones de desempleados en la Unión Europea, esto es, un índice medio del orden del 10%. Pero, como toda media, esconde diferencias que van del 5 al 25%.
Asimismo, 25% es el índice de población que a día de hoy se considera amenazada por la pobreza o la exclusión social. Como comentaba antes, se trata en su mayor parte de mujeres y niños, pero también de personas mayores, y a causa de la crisis, las disparidades entre los Estados miembros se han agravado en la mayoría de los casos.
Este hecho debe correlacionarse con el nivel de protección social que puede haber en cada uno de los Estados miembros, y con las condiciones de su atribución.
Aunque cada Estado sea responsable de definir su protección social y de financiarla, la Unión Europea se ha marcado como objetivo coordinar los sistemas nacionales, especialmente para favorecer la movilidad profesional entre los Estados miembros.
De acuerdo con el principio de libre circulación de personas y bienes, los ciudadanos de la Unión Europea tienen el derecho a buscar un empleo en otro país de la Unión, así como el derecho a trabajar en él sin necesidad de pedir un permiso de trabajo, y a residir en el país, con o sin empleo.
Recordemos también que existe una coordinación en materia de seguridad social y de pensiones. Para ir un paso más allá en el logro de sus objetivos y en el marco de la acción específica de lucha contra la pobreza y la exclusión social, la Unión Europea ha decidido abrirse a nuevos actores de la sociedad civil, con el objetivo de hacerlos partícipes de su reflexión y de hacer que emerjan acciones concretas, de acuerdo con las expectativas de la población afectada.
Asimismo, esta instancia tiene entre sus objetivos luchar contra el fracaso escolar, favorecer el acceso a los servicios bancarios básicos para los más desfavorecidos, promover las empresas sociales y facilitar el acceso al crédito. La financiación de estas acciones se llevará a cabo gracias a un fondo europeo de ayuda a los más desfavorecidos, capaz de proporcionar, en una situación de urgencia, productos alimenticios, ropa o medicamentos.
Como pueden ustedes observar, todos estos objetivos, son loables a la vez que ambiciosos, y tienen un coste financiero. Por este motivo, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha decidido hacer balance a cinco años vista del objetivo final, y adaptar las hipótesis se origen a los impactos identificados de una crisis que empezó, como ustedes saben, en 2008.
El Comité Económico y Social Europeo reafirma que la protección social es una herramienta útil de redistribución, de cohesión social y de solidaridad, y debe permanecer en el corazón del proyecto europeo.
En esta misma línea, los diferentes sistemas de protección social deben modernizarse y su financiación debe adaptarse a las exigencias del contexto económico actual.
En materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social, el Comité Económico y Social Europeo subraya que las medidas de austeridad llevadas a cabo en algunos países han alcanzado su límite de eficacia y es necesario medir tanto su impacto social como económico.
El impacto de esta crisis sin precedentes, al menos desde la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957, no ha llegado a su fin, a pesar de que ciertos expertos hayan ido vaticinando, aquí y allá, una pronta salida. El futuro de nuestra comunidad europea quizás se determine en los próximos años. Siete años de crisis han fragilizado ya la institución, y la ampliación de la Unión Europea, realizada a veces a marchas forzadas, no ha ayudado a poner coto a las disparidades existentes entre los diferentes Estados miembros.
Después de haber sido una Europa «económica» en su origen, para algunos Estados miembros, deseosos de crear las condiciones propicias para lograr la paz duradera después de un grave conflicto mundial, la Europa en la que vivimos hoy en día se ha convertido en una Europa «monetaria» para 18 de los 28 Estados miembros que la componen.
La Europa del futuro tendrá que ser una Europa «social» o, al menos, dirigirse hacia ese objetivo lo más pronto posible. Sin este componente social, la adhesión de los ciudadanos al proyecto europeo corre el riesgo de ser puesta en tela de juicio, hecho que significaría un importante fracaso para todos.
Gracias por su atención.
Michel PAGEAULT Presidente de la Federación Nacional de Pensionistas de Cajas de Ahorro La Coruña, a 22 de abril de 2015.
