La fase de depresión económica que está atravesando Italia está causando recaídas negativas, especialmente en tres categorías de personas: los jóvenes, que, como todos saben, se esfuerzan por entrar en el mercado laboral y no cuentan con ninguna garantía de previsión, las mujeres para las que la ampliación de la edad de jubilación podría producir más situaciones de desigualdad entre sexos y, sobre todo, los ancianos, que con mucha más frecuencia sufren una condición de pobreza, ya sea calculada en términos absolutos (gasto mínimo necesario para la adquisición de bienes y servicios que se hallan en el saco de pobreza absoluta) o relativos (porcentaje de familias y personas pobres del total de las familias y personas residentes). Esto es lo que se deduce de los datos del 2º estudio nacional sobre la condición social de las personas mayores que Michele Mangano, presidente nacional de AUSER, presentó en Roma.

Así pues, la categoría de los ancianos es la que más riesgo de pobreza corre a causa de la crisis económica y de las diversas maniobras correctivas llevadas a cabo por los gobiernos en 2010 y 2011, maniobras que han pesado en el rango de edad de las personas mayores empeorando las condiciones de vida y acrecentando los fenómenos de exclusión social. El poder adquisitivo de las pensiones de las personas mayores se ha visto reducido en un 30% en los últimos años “con la consecuencia de una reducción drástica del consumo, dificultad o incluso imposibilidad de afrontar los gastos imprevistos y, desafortunadamente, tantas renuncias a menudo relacionadas con la protección de la salud propia y con la prevención”. Las personas mayores se han visto afectadas por los efectos de la crisis, de hecho, en el 2011, el 81,5% de las personas mayores notó una deterioración de la condición económica personal respecto al 74,8% del año anterior. Más de 2.300.000 ancianos viven en condiciones de pobreza absoluta, un 5,5% más que hace un año. Y más del 80% denuncia un deterioro de las condiciones económicas personales… Los efectos de las últimas maniobras se notan: se reducen los servicios comunales, crecen las listas de espera, aumentan los costes de la vivienda, de la energía y de los productos alimenticios.  

Entre octubre de 2011 y enero de 2012, con base a la media anual, en los concursos municipales para la concesión de servicios sociales, se registra una reducción notable, de casi un 28%, del número de propuestas de concursos dedicados a los servicios para las personas mayores. Las variaciones en negativo están relacionadas principalmente con las comunidades de más de 50.000 habitantes. Además, las listas de espera regionales para las participaciones domiciliarias en contraste con la no autosuficiencia aumentan en todas las Regiones, sobre todo en Calabria, Campania, Lacio y Piamonte.

Las estadísticas del Istat (instituto nacional de estadística italiano) muestran cómo en los últimos 8 años (2003 – 2010) el gasto medio mensual de una persona mayor ha aumentado exclusivamente por vivienda, energía (+2,9%) y transportes (+0,7%). Por el contrario, en el periodo analizado, la persona mayor que vive sola ha reducido sobre todo los gastos en alimentación (-1,7%), ropa y calzado (-0,8%), además de los gastos de mantenimiento del hogar (-0,8%) y los relativos al servicio sanitario (-0,6%). Sobre todo este último capítulo de gasto denota un empeoramiento bastante grave de la situación de las personas mayores, que se ven obligadas a reducir un tipo de consumo que se considera fundamental; y en el 2012 las cosas no serán mejores: se prevé un aumento del gasto hasta el 5% por vivienda y en consumo energético ya que, desde enero, las tarifas de luz y de gas han aumentado un 4,8% y un 2,7% respectivamente.

Al los 2.300.000 jubilados pobres, se suman los cercanos al umbral de pobreza relativa, si consideramos que el 30% de las pensiones de jubilación no supera los 900 euros mensuales y que 4.750.000 jubilados perciben subsidios mensuales de entre 500 y 750 euros. Además, en el último año se ha registrado un aumento del 13% en la venta de nuda propiedad, lo que muestra la situación de los ancianos, que han podido comprar una casa con los ahorros de toda una vida y que se han visto obligados a venderla (a un precio que ya roza la mitad del valor de mercado) para la propia manutención y para ayudar a los hijos. La exigencia de liquidez es, probablemente, uno de los principales factores que obliga a los ancianos a vender su propia vivienda en nuda propiedad. No las nuevas disposiciones previstas por la reciente maniobra “Monti”, tales actos ya no serán tan beneficiosos como en los últimos años. Efectivamente, a partir del 1 de enero de 2012 la medida de la tasa de interés legal ha aumentado al 2,5% anual. Esto ha incrementado el valor del usufructo y ha hecho disminuir el valor de la nuda propiedad. Otro aspecto de las modificaciones legislativas aportadas por las maniobras financieras del viejo y del nuevo Gobierno que penaliza a los ancianos está relacionado con la aplicación de los coeficientes para calcular el impuesto comunal único (IMU) que pesará sobre los núcleos familiares más pequeños. Muchos mayores de 65 años viven solos hoy en día, o como mucho con su cónyuge, en casas mucho más grandes de lo que necesitarían (en las que vivían cuando los hijos aún vivían con ellos) y, por supuesto, no podrán beneficiarse de las deducciones previstas para los núcleos familiares más numerosos.

Además, se tiene en cuenta el aumento global del gasto que las familias italianas tendrán en un futuro próximo, que se derivará de la entrada en vigor de las intervenciones de la maniobra del Gobierno de Monti. Efectivamente, se estima que dicho aumento será de 887 euros al año por familia. Si añadimos las cifras producidas por las maniobras precedentes, llegará a un total de 3002 euros anuales. Además, la crisis económica ha disminuido considerablemente la disponibilidad de los municipios y de las Regiones para poner en marcha servicios sociales para los ancianos. En el periodo entre octubre de 2011 y enero de 2012, el número de propuestas de concurso dedicadas a los mayores de 65 años ha disminuido un 28%, mientras que las listas de espera para la atención domiciliaria en apoyo a la no autosuficiencia han aumentado en todas las regiones italianas. A menudo, tal vacío se ve colmado por la participación de muchas asociaciones del sector terciario que, cuando les es posible, intentan suplir las carencias de los órganos de gobierno regionales y nacionales en cuanto a cuidados.

El incremento de la esperanza de vida ha provocado un aumento del fenómeno de los ancianos que se hacen cargo, con esfuerzo y gastos adicionales, de los “ancianos mayores”, sus padres, que rondan los 90 años y a menudo sufren demencia e invalidez y necesitan curas caras.

El poder adquisitivo de las pensiones ha disminuido en un 30% en los últimos años frente al aumento del coste de vida, valorado en los últimos 8 años en 284 euros mensuales. Esto ha provocado una reducción drástica del consumo y la dificultad, si no imposibilidad, de afrontar los gastos imprevistos y tantos sacrificios, a menudo relacionados con la protección de la salud y con la prevención.

Los italianos mayores de 65 años comen poco y sobre todo mal. En la alimentación diaria de los ancianos faltan más de 400 calorías diarias, en concreto por el bajo consumo de carne y pescado (otro indicio de la crisis económica). Un dato impresionante, si se tiene en cuenta que la malnutrición puede aumentar en un 25% la posibilidad de hospitalización.

Los ancianos se ven doblemente afectados por las maniobras correctivas. De hecho, por una parte, están contribuyendo como amortiguadores sociales de emergencia de las rentas de las generaciones más jóvenes, gracias a la estabilidad sustancial de los ingresos que reciben. Por otro lado, en las maniobras recientes del gobierno elaboradas para afrontar la crisis estructural del país se les considera “sujetos privilegiados” sobre los cuales poder aplicar reducciones del gasto público. En Italia, 12.000.000 de habitantes son mayores de 65 años y las familias italianas compuestas sólo por ancianos constituyen el 28,06% del total. Ese tipo de recortes afectan a hombres y mujeres de todas las edades, pero sobre todo a los ancianos: el importe medio de las pensiones de las mujeres resulta inferior en casi 600 euros respecto a las de los hombres. Y sobre las mujeres pesa también el cargo de “amortiguadoras sociales informales” como apoyo para las familias jóvenes, para las que las abuelas prestan servicios gratuitos como el cuidado de los niños y de la casa.

El hecho de que sea obligatorio abrir una cuenta corriente podría tener consecuencias notorias para las personas mayores, incluidas las que sufren alguna discapacidad. Hemos calculado que, también quien recibe una pensión de invalidez y una indemnización de acompañamiento, con la decimotercera mensualidad sobrepasará en casi 8 euros el límite de 1.000 euros, a partir del cual ya sería obligatorio abrir una cuenta corriente: si así fuera, aunque este procedimiento fuera (como dicen) no oneroso en el plano económico, causaría, no obstante, molestias considerables a las personas mayores, que ya sufren en muchos aspectos esta crisis económica.

Como último análisis, el Estado “debería apoyar las políticas de rigor económico además de la equidad y la justicia social. No se puede pensar en comparar la pobreza con la Social Card[1]”, más bien necesita “recuperar recursos que puedan ser destinados a financiar el sustento de las clases más débiles a través de la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal”.

Franco Salza