DISCRIMINACIÓN SOCIOPOLÍTICA DE LOS CIUDADANOS ANCIANOS
Los gobiernos de Portugal después de la “Revolución de los claveles” que devolvió la democracia a este pequeño rectángulo situado en la parte más occidental de Europa, afirmaron que defenderían la situación de los ancianos (mayores) para que estos no se sintiesen discriminados, tanto en los aspectos sociales como en los políticos.
Esta situación es a la que se refería el aspecto global, existiendo excepciones que han ido aumentando a lo largo de las últimas décadas.
En el periodo considerado posterior al “Movimento dos capitães” (Movimiento de los Capitanes), socialmente el tratamiento fue idéntico al existente en el antiguo régimen (dictadura), independientemente de la edad de los ciudadanos, tanto en el sector de la salud como en las pensiones de reforma, dentro de los condicionalismos existentes entre públicos y privados.
La diferencia en lo relativo a la asistencia salud-medicinas se notaba entre los lugares públicos y los privados, los primeros integrados porla ADSE (Asistencia en la Enfermedad a los Funcionarios del Estado), con recursos superiores a los privados en la Seguridad Social, lo que sigue comprobándose con tendencias a empeorar de cara a la crisis económica que atraviesa el país.
En lo referente a las reformas los que pretenden realizarlas ya se ven afectados, tanto en los años de servicio a cumplir como en el límite de la edad, nos referimos en primer lugar al sector privado.
Este límite que era de 65 años ha ido pasando progresivamente a los 70, con 40 años de servicio activo.
Cualquier trabajador que opte por anticipar su jubilación sufre penalizaciones porcentuales en relación con lo años que falten para alcanzar el limite de edad establecido.
Los funcionarios públicos también se han visto afectados por estas medidas, ya que el limite de edad pasa de los 60 a los 65 anos, con 40 años de servicio (antes era de 36), sufriendo, igualmente, disminuciones progresivas de su jubilación en función con el limite de edad y de los años de servicio cumplidos. Pero pensamos que esta discriminación no va a durar mucho tiempo, ya que estos pasaran a la Caja General de Pensiones (Estado) al sistema privado antes mencionado.
En lo referente al valor de las pensiones atribuidas también existe discriminación entre públicos y privados. Los primeros siempre que alcancen los límites legalizados (65 años de edad y 40 de servicio) reciben como pensión el 90% de la última remuneración en activo. Los privados, habiendo alcanzado el limite de edad y los años de servicio (70 y 40 años, respectivamente), sus pensiones se calculan mediante la media de todas las remuneraciones recibidas en activo, actualizadas de conformidad con los coeficientes de desvalorización de la divisa. Sobre el valor resultante solo les son atribuidos el 80%.
Como las estadísticas demuestran la media de vida a aumentado considerablemente en estas ultimas décadas y la natalidad no ha acompañado este ritmo de crecimiento.
De esta manera, desde el punto de vista político, será talvez el motivo de que veamos hoy personas llamadas “de la 3ª. edad” que ocupan puestos superiores en empresas y en el Estado que, anteriormente, les eran negados, independientemente de la tendencia política de la que son militantes o miembros, no comprobándose en este sentido ninguna discriminación considerable.
Para finalizar podemos afirmar que en el aspecto global los ancianos más pobres, sin derecho a ninguna subvención ni publica ni privada, son, concretamente, los más discriminados de cara a los más ricos, antes la diferencia de niveles de vida, en lo relativo a la alimentación y al alojamiento – son los denominados “sin techo”, ya que una gran parte duerme en la calle, sujetos a las condiciones más adversas y ante los otros, los “intangibles” que siguen aumentando en nuestro País, la discriminación es enorme.
Ojala que nuestra democracia modifique la situación y que los ancianos más vulnerables se sientan en un país que considere que estos existen.
Antonio Serra - Portugal
