Agrupación Europea de Pensionistas de Cajas de Ahorros y Entidades Financieras

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Índice de Documentos > Boletín Euroencuentros > Número 8



ES muy probable que el proceso de construcción de la Unión Europea no logre suscitar a estas alturas grandes entusiasmos. Sobrepasada la generación que a base de lucidez y de generosidad políticas –la generación de Paul Henry Spaak, de Schumann, de Jean Monnet– dieron el primer gran impulso a la Unión, ésta prosigue su crecimiento desde una cierta atonía para los ciudadanos: son los euroescépticos. Para muchos de ellos, la Unión ha perdido su vigor inicial democrático; Bruselas aparece como un gran centro de poder

distante, complejo, poco accesible a los problemas e inquietudes del ciudadano común. Se tiene un tanto la sensación de que la representación política de los ciudadanos está diluida, mientras que los gobiernos nacionales, perdido –repito– aquel primer impulso generoso, malgasta el tiempo en componendas de poder más que en la puesta en común de un auténtico esfuerzo solidario. Y sin embargo, el 'euro' está ahí, como también están los trabajos para la futura 'Constitución de Europa', el proceso de ampliación al resto de los países de Europa y el reforzamiento del papel secundario que hasta ahora ha venido jugando el Parlamento Europeo.

En el fondo, puede que buena parte de ese escepticismo venga causado por el retraso de la puesta en funcionamiento del tercer pilar o 'pilar social'. Efectivamente, hasta ahora, ha sido fundamentalmente el pilar económico el que ha merecido todos los desvelos. Solamente con el cambio de milenio se ha atacado de forma decidida la construcción del pilar político; pero sigue todavía quedando como pariente pobre el pilar social, aquel que más directamente afecta a los ciudadanos y mediante el cual éstos miden el grado de eficacia de un gobierno. Este desequilibrio, unido a la última coyuntura de crisis económica con su carga de retrocesos en las políticas sociales, de instrumentalización con fines exclusivamente económicos de los flujos migratorios, de deterioro de la vitalidad democrática de la convivencia, es en buena medida el responsable de un cierto desánimo, de un cierto desentendimiento y repliegue ante una realidad que se torna cada vez más compleja y adversa.

Dos grandes peligros se presentan ante nosotros. El primero, el de decirse que somos impotentes ante el cariz de los acontecimientos, que nuestro tiempo de acción ha pasado y que, más o menos, dependemos de lo que otros vayan a decidir en nuestro lugar. El segundo, remitir el problema a los más jóvenes, bajo el pretexto de que, en última instancia, son ellos los que van a dilucidar en qué dirección se encaminan estratégicamente los pasos de la Unión. Ambas posiciones deben ser evitadas porque ambas son falsas. Y la prueba la hemos tenido con ocasión del último EUROENCUENTRO celebrado en la isla de Palma de Mallorca. Tras el claro informe presentado por el Sr. Franco Salza, presidente de la delegación italiana, la asamblea general, a propuesta del Presidente Sr. José López, decidió hacer suya la lucha de la delegación italiana contra las medidas unilaterales adoptadas por su gobierno; apoyo éste que incluye no sólo medidas de tipo moral sino de apoyo económico, dentro de las posibilidades de la Agrupación.

Todos somos conscientes del evidente retroceso europeo en lo que a políticas sociales se refiere. Retroceso en los niveles nacionales que pasa sin mayores dificultades a través del tejido político de la Unión. Abolición de la 'Cláusula de Oro' en Italia, ciertamente, pero también recortes en España, en Alemania, en Francia, por no citar más que algunos países. Y me parece que el camino a seguir es éste. Frente a la postura de gobiernos, cuya solución en los momentos de crisis económica coyuntural, consiste fundamentalmente en hacer cargar sobre los trabajadores activos y jubilados –pero más aún sobre éstos últimos– el peso de las medidas adoptadas, es preciso el retorno a los grandes principios que hicieron posible la Unión; es preciso ejercer esos grandes principios de forma solidaria y unida, es decir: europea. A través de órganos de representación legítimos y democráticos –como la Agrupación–, los jubilados tienen el derecho y la obligación de defender los aspectos sociales de la política que les competen.

No se trata de defender privilegios; menos aún de ahondar las diferencias que existen entre los países miembros de la Unión. Se trata, por el contrario, de no permitir inertes que los logros sociales en Europa sean vapuleados por el gobierno de turno. Se trata de lograr que el pilar social sea un hecho dentro de la Unión, de forma que el viejo proyecto previsto por los padres fundadores –una sociedad europea que sea capaz de proporcionar niveles dignos de vida, de educación, de sanidad, de atención social, de reinserción cuando ello sea preciso, tanto para los trabajadores activos, como para los jubilados– se convierta de forma irrevocable en una realidad.

La medida a la que aludo, adoptada en Palma de Mallorca, me parece por eso de muy hondo calado. Se ha puesto el primer precedente por el cual la Agrupación se involucra de forma directa y solidaria en la defensa de los derechos de los jubilados. Hoy ha sido en Italia, mañana puede ser en defensa de los derechos de los jubilados de cualquier otro estado miembro. Pero el camino es éste. No hay escepticismo posible ni desánimo.

Debe existir participación, atención constante y presencia activa en los foros que la Unión tiene previstos de un colectivo –en este caso el de los jubilados– que ejerce la reivindicación en el marco de la solidaridad, que identifica el digno desempeño de la condición de ciudadanos con el hecho de ser europeos, y que, finalmente, entiende que ser ciudadanos de la Unión no es otra cosa distinta de vivir en solidaridad, democracia y libertad.

En su discurso pronunciado en la sesión de clausura del Euroencuentro de Palma de Mallorca decía el Sr. Jean Vauriot a propósito de las experiencias habidas en los últimos años: '... los jubilados hemos pasado de la esperanza a la decepción; de la decepción a la vejación y, finalmente, de la vejación a la humillación.' Palma de Mallorca y las medidas allí adoptadas deben marcar una metodología y un punto de inflexión. Paralizarse, renunciar, sería lo mismo que dimitir de nuestra condición de ciudadanos y de ciudadanos europeos.

Por eso, no sólo defensa solidaria y democrática de las cláusulas que garanticen y hagan posible el pacto social europeo; sino que frente a cualquier política antisocial, se produzca donde se produzca, exista con todo el vigor y pujanza que se requiere la 'Solidaridad de Oro Europea'.

Diego Carrasco Eguino
Profesor de la Universidad de Alicante